PROCESAL
¿Puede delinquir una empresa?

 

Hasta ahora, cualquier jurista al que se le plantease esta cuestión tenía una respuesta segura y un latinajo a mano para lucirse: no, “societas delinquere non postest” (una sociedad no puede delinquir).

El fundamento de esa respuesta tan rotunda estaba en el propio Código Penal hasta ahora vigente y en una inveterada tradición de nuestro Ordenamiento Jurídico que sólo concebía el delito, cualquiera que fuese su forma, como un acto exclusivo de las personas humanas y no de las personas jurídicas.

Pero las cosas cambian y este principio generalmente aceptado hasta ahora ha sido modificado sustancialmente con la Ley Orgánica 5/2010 de Reforma del Código Penal, que ha entrado en vigor el pasado mes de diciembre y que ha venido a introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos cometidos en su provecho.

¿Y de qué delitos puede ser acusada una empresa? ¿Alguien se imagina a una sociedad limitada empuñando un arma y asaltando una joyería?. Desde luego, no parece posible que un delito de esta naturaleza pueda ser imputado a una compañía, aunque lo haya cometido un empleado suyo.

El Código Penal señala mediante numerus clausus qué tipos delictivos pueden ser imputados a una persona jurídica en el caso de que se comentan en su provecho. Una lista exhaustiva de delitos que incluye aquellos ilícitos en los que la intervención de una empresa resulta posible y que van desde la estafa y la apropiación indebida hasta los delitos contra los derechos de los trabajadores, pasando por el cohecho, el descubrimiento y revelación de secretos, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, contra el medioambiente, delito fiscal, delitos urbanísticos, el novedoso delito de corrupción entre particulares, el alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y toda la gama de delitos contra los consumidores, entre otros.

Naturalmente, habrá de atenderse a la actividad a que se dedica la compañía, su estructura organizativa y jerárquica, el sector en el que opera, etc., a fin de evaluar adecuadamente los riesgos de ser imputada por unas u otras conductas delictivas.

En todo caso, la posibilidad de imputación a la persona jurídica requerirá que se trate de un delito cometido en su provecho y por su cuenta o en su nombre, admitiéndose dos supuestos: (i) que la conducta se lleve a cabo por los administradores de hecho o de derecho o representantes de la empresa y (ii) que se lleve a cabo por alguna persona sometida a la autoridad de los anteriores cuando no se haya ejercido el debido control.

Pero, y las penas. ¿Qué tipos de penas pueden imponerse a una persona jurídica? ¿Veremos a una compañía mercantil ingresar en Alcalá-Meco para cumplir una pena de privación de libertad? Parece una broma pero a más de uno se le helará la sonrisa cuando sepa que con esta reforma una sociedad puede ser condenada a la pena de muerte. Sí, sí, a la pena de muerte, porque ¿qué es la disolución de una sociedad mercantil sino una verdadera “condena a muerte”?

Y es esto lo que prevé el Código Penal para determinados casos graves en los que el juez podrá imponer a la persona jurídica la pena de disolución o el cierre temporal de actividad durante un periodo de hasta cinco años, que para el caso viene a ser lo mismo, porque, ¿qué compañía puede sobrevivir en el tráfico jurídico si la condenan a cesar en su actividad durante uno, dos ó más años?.

Pero el Código Penal también contempla otras penas, que con ser menos graves no dejan de ser preocupantes. Sin duda la más frecuente será la pena de multa, pero también se prevé la inhabilitación para contratar con la administración pública, la prohibición de obtener ayudas y subvenciones o de beneficiarse de incentivos fiscales o de la Seguridad Social, la clausura de locales o establecimientos, etc., por no mencionar la pérdida reputacional, siempre inherente a un proceso penal.

Y llegados a este punto procede preguntarnos la razón de esta importante reforma. ¿Es que el legislador ha querido complicar la vida de las empresas más de lo que ya la tienen en estos tiempos de crisis? No lo parece, ya que no ha sido una originalidad del legislador español, sino la consecuencia de una corriente cada vez más extendida que ha llevado a muchos países de la UE a admitir la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Y es que el fin último que se pretende con la reforma es incentivar que las empresas organicen sistemas de prevención, control y detección interna para evitar que en su seno o a su amparo se incurran en conductas delictivas para conseguir sus objetivos sociales.

Con esa intención, se introducen en el nuevo Código Penal un elenco de circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas que se concretan en:

  • a) Haber confesado la infracción a las autoridades.
  • b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas.
  • c) Haber reparado o disminuido el daño causado por el delito.
  • d) Haber establecido medidas eficaces para prevenir y descubrir delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios y bajo la cobertura de la persona jurídica.

Y es de aquí de donde surge la imperiosa necesidad de que las empresas desarrollen sistemas de prevención, detección y control de conductas que pudieran resultar penalmente relevantes —lo que se está difundiendo con el término “Corporate Compliance”— so pena de incurrir en responsabilidades penales de consecuencias que, como hemos visto, pueden llegar a ser irreparables.

Así pues, ahora los juristas tenemos que cambiar la respuesta a la pregunta que da título a este artículo: sí, “societas delinquere (et puniri) potest” y, con ello, concienciar a las empresas para que implementen planes adecuados de prevención y control de delitos que les permitan evitar o al menos reducir, los graves efectos que pueden derivarse de los mismos.
 

Borja Sanz Mardomingo

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